El 26 de marzo de 2026, una jueza federal en San Francisco escribió una frase que probablemente va a aparecer en los libros de historia legal y tecnológica de los próximos cien años:

"Nada en el estatuto gobernante apoya la noción orwelliana de que una empresa americana puede ser catalogada como adversaria potencial y saboteadora de los Estados Unidos por expresar desacuerdo con el gobierno." — Jueza Rita Lin, fallo del 26 de marzo de 2026

Con esas palabras, la jueza Rita Lin —designada por Joe Biden, en la Corte Federal del Distrito Norte de California— bloqueó una orden del presidente Donald Trump que prohibía a todas las agencias federales usar la tecnología de Anthropic, la empresa creadora de Claude. El fallo, de 43 páginas, hizo algo que en los Estados Unidos del 2026 ya no se da por sentado: dijo que la Primera Enmienda existe también para empresas que se atreven a contradecir al poder.

Es un caso que parece técnico —disputa contractual entre un proveedor de IA y el Pentágono— pero cuyo significado político y ético excede largamente el monto de dinero en juego. Y es un caso que, leído con atención, importa mucho a comunidades como la nuestra.

La historia desde el principio

En julio de 2025, Anthropic firmó con el Pentágono un contrato de hasta $200 millones de dólares a través de la Oficina Principal de Inteligencia Artificial y Datos del Departamento de Defensa. El acuerdo fue histórico: Claude se convirtió en el primer modelo comercial de inteligencia artificial de frontera desplegado dentro de las redes militares clasificadas de Estados Unidos, integrado con la infraestructura del contratista de defensa Palantir.

El contrato tenía dos líneas rojas explícitas que Anthropic negoció desde el inicio, y que el Pentágono aceptó al firmar:

Primera línea: Claude no puede usarse para sistemas de armas letales completamente autónomas — es decir, sistemas que identifican y eliminan objetivos sin que un ser humano tome la decisión final.

Segunda línea: Claude no puede usarse para vigilancia doméstica masiva de ciudadanos estadounidenses.

Anthropic argumentó —y lo sigue argumentando— que la inteligencia artificial actual no es lo suficientemente confiable para operar con autonomía letal sin riesgo de error catastrófico, y que la agregación masiva de datos sobre ciudadanos americanos a escala algorítmica viola los principios de privacidad que el sistema legal estadounidense fue diseñado para proteger.

Durante seis meses operó normalmente bajo esas condiciones. Hasta enero de 2026.

El cambio de las reglas

En enero, el secretario de Defensa Pete Hegseth —en una administración que en septiembre de 2025 había renombrado por orden ejecutiva al Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra"— emitió un memo interno declarando que el Pentágono debía convertirse en "una fuerza de combate primero-IA" y exigiendo que todos los contratos de inteligencia artificial incluyeran lenguaje permitiendo "cualquier uso lícito" del software.

Esa frase, en apariencia técnica, equivalía a borrar las dos líneas rojas que Anthropic había puesto en el contrato original.

El gobierno fijó un ultimátum: las 5:01 PM del 27 de febrero de 2026. O Anthropic eliminaba sus restricciones, o enfrentaba consecuencias.

Anthropic no cedió.

Esa misma noche, el presidente Trump publicó en Truth Social:

"WE will decide the fate of our Country — NOT some out-of-control, Radical Left AI company run by people who have no idea what the real World is all about."— Donald Trump, 27 de febrero de 2026

(Traducido: "NOSOTROS decidiremos el destino de nuestro país — NO una empresa de IA de izquierda radical y fuera de control, dirigida por gente que no tiene idea de lo que es el mundo real.")

Ordenó a todas las agencias federales cesar el uso de cualquier tecnología de Anthropic. Y Hegseth fue más lejos: designó formalmente a la empresa como "Riesgo de la Cadena de Suministro" para la seguridad nacional — una categoría legal que, históricamente, se había reservado para empresas chinas, rusas, o vinculadas a grupos terroristas. Nunca antes se había aplicado a una empresa estadounidense.

La consecuencia práctica era diseñada para destruir comercialmente a Anthropic: cualquier contratista del Pentágono —Amazon, Microsoft, Palantir, miles de proveedores— quedaba obligado a certificar que no usaba productos de Anthropic en su trabajo militar. Era, en palabras de un ex asesor de IA del propio Trump, "un intento de homicidio corporativo".

La paradoja que el caso abre

Aquí es donde la historia se vuelve culturalmente extraordinaria, no solo legalmente.

Anthropic demandó al gobierno federal en dos cortes simultáneas. Y en las semanas que siguieron, ambos equipos legales —el de Anthropic y el del Departamento de Justicia— prepararon sus argumentos usando, entre otras herramientas, modelos de inteligencia artificial. Algunos de esos modelos eran de la propia Anthropic.

Vale la pena detenerse en lo que eso significa, aunque sea como metáfora:

La IA fue el sujeto del litigio — la entidad cuyo futuro comercial se estaba decidiendo. La IA fue una de las herramientas de análisis legal usadas por ambos lados. Los principios éticos programados en la IA fueron la evidencia central de por qué la empresa había dicho "no" al Pentágono. Y el fallo eventual establecería un precedente sobre cómo se equilibran los derechos constitucionales de las empresas de IA frente al poder federal.

No es que la IA "se haya juzgado a sí misma" en sentido literal — eso sería exagerado. Una jueza humana, con jurisprudencia humana, tomó la decisión. Pero es la primera vez en la historia que un caso constitucional gira centralmente sobre los principios éticos programados dentro de un sistema de inteligencia artificial, y sobre el derecho de una empresa a defenderlos públicamente frente al gobierno.

El filósofo del lenguaje Ludwig Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El caso Anthropic vs. Departamento de Guerra sugiere que los límites éticos programados en la IA empiezan a ser los límites legales que esa IA puede defender. Eso es, en sí, un acontecimiento.

Lo que la jueza encontró

El fallo de Lin es notablemente directo en su lenguaje.

Encontró que los registros internos del Departamento de Defensa indicaban que la designación de "riesgo de cadena de suministro" no estaba motivada por preocupaciones genuinas de seguridad nacional, sino por la voluntad de castigar a Anthropic por hacer pública su disputa con el gobierno. En las palabras exactas del fallo: "El expediente sugiere fuertemente que las razones dadas para designar a Anthropic como riesgo de cadena de suministro fueron pretextuales, y que el motivo real del gobierno fue retaliación ilegal."

"Castigar a Anthropic por someter a escrutinio público la posición contractual del gobierno", escribió Lin, "es retaliación clásica e ilegal bajo la Primera Enmienda."

Encontró también que la designación de riesgo, diseñada históricamente para adversarios extranjeros y grupos terroristas, fue aplicada a Anthropic de manera "probablemente contraria a la ley y arbitraria y caprichosa". Y que el gobierno nunca le dio a la empresa la notificación ni la oportunidad de responder que la ley requiere — una violación del debido proceso.

Hubo un argumento del gobierno particularmente revelador. Los abogados del Departamento de Justicia sugirieron que Anthropic podría, en el futuro, sabotear sistemas militares si percibía que sus principios estaban siendo violados. Lin lo rechazó con lógica demoledora: si Anthropic fuera realmente un saboteador potencial, no entablaría una disputa pública con el gobierno y luego una demanda federal. Simplemente aceptaría el contrato y actuaría en secreto. El hecho de que Anthropic peleó públicamente por sus principios es la mejor evidencia de que no es lo que el gobierno alega que es.

Lo que no quedó resuelto

La victoria de Anthropic es real pero parcial. Dos semanas después del fallo de Lin, la Corte de Apelaciones del Circuito de DC negó una solicitud paralela de Anthropic para bloquear, mientras se desarrolla el litigio principal, la otra designación gubernamental — la basada en una sección distinta de la ley de contratación federal. Eso significa que Anthropic puede seguir trabajando con la mayoría de las agencias federales, pero queda excluida específicamente del Departamento de Defensa hasta que el caso se resuelva en su fondo, lo cual puede tomar uno o dos años.

El subsecretario de Defensa Emil Michael declaró públicamente, horas después del fallo, que la designación seguía en vigor para los efectos prácticos militares. El procurador general en funciones Todd Blanche llamó al fallo de la corte de DC "una victoria contundente para la preparación militar".

En otras palabras: la batalla legal sigue. Lo que cambió no es el resultado final sino el principio.

Por qué esto importa para nuestra comunidad

Podría parecer que este es un debate distante: abogados en San Francisco discutiendo contratos federales de cientos de millones de dólares, en una industria que la mayoría de las familias latinas no toca directamente.

Es exactamente al revés. Importa, y mucho.

Las dos líneas rojas que Anthropic defendió no son técnicas, son políticas. Y afectan desproporcionadamente a comunidades como la nuestra.

La vigilancia masiva sin restricciones no afecta a todos por igual. Los sistemas de identificación automatizada por reconocimiento facial tienen tasas de error documentadas significativamente más altas en personas de color que en personas blancas. Los algoritmos de "comportamiento sospechoso" reproducen sesgos raciales de los datos históricos con los que fueron entrenados. Las comunidades inmigrantes — sin la protección política ni los recursos legales que otras comunidades tienen — son las primeras en pagar el costo cuando esos sistemas operan sin transparencia ni límites.

Las armas autónomas sin supervisión humana son un debate aparentemente lejano del Midwest estadounidense, pero las decisiones sobre quién puede ser identificado como "amenaza" por un algoritmo militar tienen consecuencias para todas las comunidades racializadas del mundo. La historia de las guerras contemporáneas — desde el control fronterizo automatizado hasta los drones — muestra que la tecnología militar termina aplicándose primero a los grupos con menos voz política.

Cuando Anthropic dijo "no" a 200 millones de dólares antes que negociar esos principios, no estaba protegiendo una abstracción filosófica. Estaba protegiendo una posición concreta sobre quién puede ser objeto de qué tecnología — y bajo qué supervisión humana.

Eso no es marketing. Eso es tomar partido en un debate cuyas consecuencias reales caen sobre comunidades que rara vez son consultadas.

El veredicto y lo que viene

La jueza Lin bloqueó la orden presidencial. Anthropic puede seguir operando con la mayor parte del gobierno federal. El caso continuará en sus méritos durante meses, posiblemente años.

Pero el fallo de marzo de 2026 dejó establecido un principio que va a importar mucho más allá de este caso:

Una empresa de inteligencia artificial tiene derecho constitucional a poner principios éticos en sus contratos, a defenderlos públicamente, y a no ser destruida comercialmente por el gobierno como represalia por esa defensa pública.

En una administración que se ha distinguido por usar el poder regulatorio y comercial del Estado para castigar a quienes la contradicen — universidades, despachos de abogados, medios de comunicación, organizaciones civiles — ese principio no es menor.

Es, en realidad, una de las últimas líneas que la Primera Enmienda sigue protegiendo en los Estados Unidos del 2026.

Elias Velis Rodriguez es consultor financiero y de adopción de inteligencia artificial para comunidades latinoamericanas, basado en Omaha, Nebraska. Su trabajo conecta tecnología avanzada con las comunidades que más pueden beneficiarse de ella — siempre que esa tecnología tenga principios. velisconsulting@gmail.com

El 26 de marzo de 2026, Anthropic ganó en una corte federal de San Francisco lo que parecía imposible: el derecho de una empresa de inteligencia artificial a tener principios éticos y defenderlos públicamente sin ser destruida comercialmente por el gobierno. Es un hecho legal con consecuencias prácticas concretas, que abordé en otro artículo. Pero hay una pregunta más profunda detrás del fallo, una pregunta que pocos se hacen porque parece obvia — y precisamente por eso es la más importante:

¿Qué diferencia a una herramienta de un arma?

La respuesta no está en la tecnología. Está en quién la usa, para qué, y con qué límites.

Un bisturí y un cuchillo son el mismo objeto físico. Lo que los diferencia no es el metal — es el propósito, la formación de quien lo sostiene, y el contexto en que se usa. Un médico con un bisturí tiene un código ético que le dice cuándo cortar y cuándo detenerse. Ese código no limita su capacidad — la dirige.

La inteligencia artificial con ética es exactamente eso: una tecnología de poder extraordinario, dirigida por principios que le dicen cuándo actuar y cuándo detenerse.

El error más común — confundir límites con debilidad

Hay un malentendido profundo en el debate actual sobre la IA, y especialmente en quienes la promueven sin restricciones: creer que poner principios éticos a un sistema de inteligencia artificial es limitarlo. Que una IA "sin restricciones" es más poderosa que una IA con valores.

Es exactamente al revés.

Un río sin orillas no es más libre que un río con ellas — es una inundación. Las orillas son lo que le dan dirección, velocidad, y poder. Sin ellas, el agua se dispersa, pierde fuerza, y termina siendo un pantano.

La IA con ética tiene orillas. Y esas orillas no reducen su poder — lo canalizan hacia donde puede hacer el mayor bien.

El caso reciente Anthropic vs. Pentágono lo demostró comercialmente. El gobierno exigió acceso irrestricto a Claude — sin límites, sin principios éticos, para cualquier uso. Anthropic se negó. Perdió temporalmente acceso al contrato más importante de su historia. Y al cabo de dos semanas, en una de las paradojas más reveladoras de la era de la IA, su aplicación móvil se convirtió por primera vez en la número uno en la App Store de Estados Unidos, superando a ChatGPT.

El público votó con sus descargas: prefirió la herramienta con principios sobre la herramienta sin ellos.

Eso no es solo ética. Es estrategia comercial superior. Pero requiere un horizonte de tiempo más largo que el del trimestre fiscal.

Tres principios para entender la IA ética

Principio uno — la responsabilidad del creador no termina en la venta

Durante siglos, el modelo empresarial fue simple: yo creo, tú compras, lo que hagas con ello es tu problema.

Ese modelo no funciona con la IA.

Un modelo de lenguaje capaz de analizar millones de conversaciones por segundo, de persuadir a escala, de amplificar sesgos a velocidad civilizacional — ese no es un producto que se vende y se olvida. Es una responsabilidad que el creador carga indefinidamente.

Pensalo así: un arquitecto que diseña un edificio sin considerar la seguridad de sus ocupantes no puede simplemente decir "yo lo construí, lo que pase después no es mi problema". La responsabilidad profesional existe precisamente porque el conocimiento técnico crea obligación moral. Un ingeniero estructural sabe lo que un ciudadano común no sabe sobre cargas y vientos. Esa asimetría de conocimiento genera deber.

Con la IA, esa asimetría es exponencialmente mayor. El usuario promedio que recibe una recomendación de un algoritmo no tiene manera de saber qué consideraciones pesaron en esa recomendación, qué datos la entrenaron, o qué intereses comerciales modelaron sus respuestas. La responsabilidad de hacer ese sistema honesto y transparente recae sobre quien lo construyó, no sobre quien lo usa.

Principio dos — la transparencia como condición de confianza

En el mundo de los negocios latinos que conozco desde adentro, en Omaha y en muchas otras comunidades, hay una frase que lo resume mejor que cualquier teoría académica:

"La palabra vale más que el papel."

La confianza precede al contrato. La transparencia precede a la confianza.

Una inteligencia artificial que no puede explicar por qué rechazó un crédito, por qué no seleccionó a un candidato para un empleo, por qué marcó a una persona como riesgo financiero — no puede ser confiada. No porque sea maliciosa, sino porque es opaca. Y la opacidad, en sistemas de poder, siempre favorece al poderoso y perjudica al vulnerable.

Para las comunidades latinas y de migrantes, esto es especialmente crítico. Algoritmos entrenados con datos históricos estadounidenses cargan dentro de sí décadas de discriminación sistémica documentada — en crédito, en vivienda, en empleo, en justicia. Si no podemos ver cómo funcionan, no podemos cuestionarlos. Si no podemos cuestionarlos, no podemos corregirlos. Y si no podemos corregirlos, una tecnología supuestamente "objetiva" termina perpetuando exactamente las mismas exclusiones que perpetuó el sistema humano que la precedió — solo que ahora a velocidad de máquina, y con un manto técnico que la hace más difícil de impugnar.

Principio tres — el impacto diferencial como responsabilidad activa

Toda tecnología impacta a diferentes grupos de manera diferente. La inteligencia artificial no es la excepción — es el caso más extremo conocido.

Sin corrección activa y consciente, un algoritmo entrenado con datos históricos reproduce y amplifica la discriminación a una escala que ningún humano discriminador podría alcanzar solo. No porque el ingeniero que lo diseñó sea racista — sino porque los datos con que aprendió reflejan un sistema que lo era. El algoritmo no inventa la injusticia. La hereda. Y la amplifica.

La ética empresarial de la IA exige reconocer ese impacto diferencial y asumir la responsabilidad activa de corregirlo. No como caridad. No como marketing. Como condición de legitimidad operativa.

Una empresa que despliega inteligencia artificial sin considerar su impacto diferencial sobre comunidades históricamente marginadas no está siendo neutral. Está eligiendo, por omisión, reproducir un orden injusto. La neutralidad en sistemas de poder es una ficción. Toda decisión técnica es también una decisión política, lo reconozca o no quien la toma.

¿Qué es entonces la IA sin ética?

Es una optimizadora ciega.

Un sistema que maximiza su función objetivo sin considerar el costo humano de esa maximización. Que aprueba lo que los datos dicen que es rentable sin preguntar si esa rentabilidad se construyó sobre exclusión histórica. Que identifica patrones sin preguntar si esos patrones son justos. Que obedece sin preguntar si debería obedecer.

La IA sin ética no es un monstruo con intenciones maliciosas. Es algo más peligroso: es un espejo perfecto de los peores impulsos humanos, amplificado a una escala que ningún humano podría alcanzar individualmente.

Y eso nos lleva a la pregunta más incómoda de todas:

Si la IA sin ética es un espejo de los peores impulsos humanos — ¿qué dice de nosotros que haya quienes prefieren ese espejo al de la IA con principios?

Por qué esto importa para nuestra comunidad

Trabajo cada día con familias latinas en Omaha. Personas que llegaron a este país con trabajo, con dignidad, con sueños — pero sin el historial crediticio estadounidense que los sistemas formales reconocen, sin la documentación que los algoritmos asumen, sin la representación legal que les permite cuestionar decisiones automatizadas que no comprenden.

Cuando un algoritmo evalúa a mi cliente y lo rechaza en segundos, ese algoritmo no está siendo neutral. Está aplicando patrones aprendidos de un sistema que históricamente excluyó a personas como mi cliente. Y lo hace a una velocidad y escala que ningún oficial bancario discriminatorio podría igualar individualmente.

La IA con ética puede cambiar eso. Puede evaluar a una persona por lo que realmente es — sus ingresos reales, su historial de pagos informales documentados, su red de confianza comunitaria verificable, sus patrones de responsabilidad financiera que el sistema tradicional simplemente no ve — y no por las categorías que el sistema tradicional diseñó hace décadas para excluir a quienes son como mi cliente.

Pero eso solo ocurre si quienes desarrollan la tecnología se comprometen a que esa inclusión sea parte de su misión declarada. No como marketing. Como principio operativo. Verificable. Auditable. Defendible públicamente, como hizo Anthropic frente al Pentágono.

Lo que sigue

El caso Anthropic dejó claro que la ética en inteligencia artificial ya no es una conversación entre filósofos académicos en Silicon Valley. Es un campo de batalla legal, comercial, y político con consecuencias materiales para millones de personas — y especialmente para las comunidades históricamente excluidas por los sistemas anteriores a la IA.

Para una familia latina en Omaha, en Houston, en Los Ángeles, o en cualquier ciudad estadounidense, la pregunta práctica no es si la IA va a transformar su acceso a crédito, a empleo, a vivienda, a servicios públicos. Esa transformación ya está ocurriendo, todos los días, con o sin nuestro consentimiento informado.

La pregunta es si esa transformación se va a hacer con principios o sin ellos. Con transparencia o con opacidad. Con responsabilidad activa hacia comunidades históricamente marginadas, o con la indiferencia técnica que reproduce viejas exclusiones a velocidad nueva.

Esa pregunta no la van a contestar las empresas solas. Tampoco los reguladores solos. La van a contestar — la estamos contestando ya — todos los que decidimos qué herramientas adoptamos, qué proveedores elegimos, qué exigencias les hacemos.

La IA con ética no es una herramienta menos poderosa. Es una herramienta con alma.

Y en el siglo XXI, eso va a ser la diferencia entre tecnología que nos sirve y tecnología que nos sustituye en los márgenes donde el sistema anterior ya nos había puesto.

Elias Velis Rodriguez es consultor financiero y de adopción de inteligencia artificial para comunidades latinoamericanas, basado en Omaha, Nebraska. Acompaña a familias, candidaturas y organizaciones que necesitan herramientas tecnológicas con principios — no solo con potencia. velisconsulting@gmail.com

Hace dos días, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó con 57 votos de un solo partido una reforma al Código Electoral que crea una circunscripción especial para la diáspora con seis diputados. La medida parece progresista. La aritmética interna cuenta otra historia.

488,553 personas del departamento de San Salvador acaban de perder representación. Se las quitan precisamente a quienes más golpeados están por las políticas del régimen actual — pensiones miserables, salud pública desmantelada, educación militarizada — y se las transfieren a una comunidad migrante que, en su mayoría, ve estos cambios desde lejos y con menos exposición directa a sus consecuencias.

No es coincidencia. Es ingeniería política.

La reforma en números

Antes de la reforma, el departamento de San Salvador tenía una representación legislativa proporcional a su población — el departamento más poblado y políticamente más diverso del país. Esa diversidad histórica producía resultados electorales más impugnables, distritos donde la oposición podía competir, voces que llegaban al Pleno.

La reforma redujo la cuota legislativa del departamento de San Salvador, transfiriendo asientos a una nueva circunscripción especial para los salvadoreños residentes en el exterior. Concretamente, cada salvadoreño residente en el departamento de San Salvador tiene ahora un 31% menos de cuota de representación legislativa de la que tenía hace dos semanas.

Los seis nuevos diputados de la diáspora se elegirán bajo reglas que aún no están plenamente definidas, en una circunscripción donde la verificación de identidad, el proceso de campaña, y el control electoral son sistemáticamente más difíciles que en el territorio nacional. La diáspora salvadoreña en Estados Unidos —donde está concentrada la mayoría— tiene niveles de participación electoral históricamente bajos, alta concentración en pocos estados, y exposición desigual a la información política local.

En otras palabras: se les transfiere poder electoral a personas que, estadísticamente, votan menos y con menor información que los residentes del territorio. Y se le quita poder a un departamento donde la oposición política aún tiene base.

Por qué importa más allá de los números

La aritmética electoral parece técnica. No lo es. Es la geometría política del régimen.

El partido oficial controla actualmente 54 de 60 diputaciones — una supermayoría que aprobó en julio de 2025 la eliminación de los límites a la reelección presidencial, la ampliación del período de 5 a 6 años, y el adelanto de las elecciones a 2027. Todo en un paquete legislativo aprobado sin debate público sustantivo.

Esa supermayoría se construyó, entre otras cosas, sobre un sistema electoral donde San Salvador —con su diversidad— era uno de los pocos espacios donde la oposición todavía respiraba. La nueva reforma diluye esa diversidad transfiriéndola a una circunscripción nueva, sin historia electoral, sin base política consolidada, y donde el partido oficial puede operar con mayor ventaja organizativa.

La diáspora no es un grupo homogéneo. Hay salvadoreños en Estados Unidos que apoyan al gobierno actual, otros que lo rechazan, muchos que están desconectados de la política local. La pregunta no es si los seis nuevos diputados representarán bien a la diáspora — la pregunta es por qué se construyó esta reforma como sustracción del departamento más diverso del país, en lugar de como adición sin pérdida.

La respuesta es simple: porque la adición sin pérdida hubiera requerido ampliar el número total de diputaciones, lo cual hubiera necesitado una reforma constitucional más amplia, con más controversia pública. La sustracción es más fácil. Y para el partido oficial, estratégicamente más ventajosa.

Lo que la diáspora pierde al "ganar"

Para los salvadoreños en Estados Unidos, esta reforma se presentó como reconocimiento. Como reparación histórica de una exclusión política. Y en cierto sentido formal, lo es.

Pero hay una pregunta que no se hizo: ¿la diáspora tiene los recursos, la organización, y la independencia política para usar bien esos seis asientos? La respuesta honesta es no, todavía no.

La diáspora salvadoreña en Estados Unidos no tiene partidos políticos propios consolidados, ni medios de comunicación independientes en español que cubran la política nacional con profundidad, ni organizaciones cívicas con escala suficiente para articular debate público sostenido. Lo que tiene son redes sociales fragmentadas, grupos de WhatsApp con información de calidad variable, y una identidad emocional con el país de origen que el régimen actual ha aprendido a explotar con maestría.

Seis diputados elegidos bajo esas condiciones no son representación real. Son piezas de un tablero donde las reglas las puso quien sabía exactamente cómo iban a jugarse.

La pregunta operativa para 2027

Si las elecciones se adelantaron a 2027 y la nueva circunscripción de diáspora entra en vigor en ese ciclo, los salvadoreños en el exterior tienen aproximadamente un año para hacer algo que nunca antes hicieron: organizarse políticamente con seriedad operativa.

Eso no significa entrar en debate ideológico. Significa hacer cuatro cosas concretas:

Una: registro masivo de votantes en el exterior. El proceso es burocrático y la mayoría de los salvadoreños en Estados Unidos no está registrada. Sin registro, no hay voto. Sin voto, no hay representación, independientemente de quién gane los seis asientos.

Dos: formación de candidatos creíbles. Personas con historial profesional verificable, posición política argumentada, y capacidad de articular propuestas. No simbolismos.

Tres: medios de comunicación bilingües específicos para la diáspora política. Newsletters, podcasts, espacios de debate. Hoy no existen con escala. Hay que construirlos.

Cuatro: financiamiento legal de campañas. Sin reglas claras de financiamiento, el partido oficial tiene ventaja organizativa abrumadora. La diáspora necesita estructuras de financiamiento legítimo que puedan competir.

Nada de esto es fácil. Pero la alternativa es regalar los seis asientos al partido oficial, certificando la reforma como exactamente lo que el régimen quería: una manera de diluir oposición presentada como inclusión.

Conclusión — la aritmética que el régimen no quiere que veamos

488,553 personas en el departamento de San Salvador acaban de perder representación. Esa es la verdad numérica de la reforma. Todo lo demás —el lenguaje progresista, el reconocimiento de la diáspora, los discursos de modernización— es el envoltorio.

El régimen actual aprendió hace mucho que las reformas más efectivas son las que llegan envueltas en lenguaje noble. Que la gente acepta el envoltorio sin examinar el contenido. Que mientras se hable de "inclusión" y "modernización", pocos preguntan qué se está sustrayendo, a quién, y para qué.

La aritmética del despojo es exactamente eso: el cálculo silencioso de cuánto se le quita a la mayoría para que parezca que se le está dando a una minoría hasta hoy ignorada. Y mientras el espectáculo dura, los 488,553 votos diluidos no aparecen en ningún titular.

Para la diáspora, la lección no es rechazar los seis asientos. Es aceptarlos sabiendo exactamente qué son, qué los hizo posibles, y qué tipo de organización política se necesita para que no sean simplemente un trofeo decorativo en una circunscripción diseñada para no representar a nadie real.

El 2027 está cerca. La aritmética ya está hecha. Lo que falta decidir es qué hacemos con ella.

Elias Velis Rodriguez es salvadoreño, vive en Omaha, Nebraska. Consultor financiero y de políticas públicas para la diáspora latina. velisconsulting@gmail.com

Confundí seguridad con libertad. Esa es la frase con la que tengo que empezar este texto, porque es la única honesta.

El 8 de diciembre de 2023 escribí en mi Facebook, mirando las fotos de mis paisanos caminando libres por primera vez en décadas: "Ver al país libre me hace sentir agradecimiento, por todos aquellos que nunca se rindieron." Voté en febrero de 2024 desde Omaha con esa misma esperanza. Hoy, casi dos años y medio después, escribo este texto desde otra honestidad: la libertad de caminar sin miedo a una pandilla es real, pero es solo una libertad. La libertad de pensar, opinar, disentir y construir sin miedo al Estado sigue siendo esquiva. Y la diferencia entre seguridad y libertad es exactamente lo que un régimen autoritario inteligente sabe explotar.

Este texto no se escribe desde el odio. Se escribe desde el mismo lugar donde escribí esa publicación de Facebook, pero con dos años más de información, dos años más de muertos, y dos años más de decisiones legislativas que no se pueden ignorar.

¿Qué tipo de gobierno es realmente el de Bukele?

Una democracia genuina tiene tres características fundamentales: separación real de poderes, independencia judicial y libertad de prensa. El Salvador de Bukele no tiene ninguna de las tres.

En mayo de 2021, con su supermayoría legislativa, Bukele removió ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, reemplazándolos con funcionarios afines. El mismo tribunal que él nombró le dio después el permiso que necesitaba para reelegirse — algo expresamente prohibido por la Constitución que juró respetar al asumir el cargo.

En julio de 2025, la Asamblea — con 54 de 60 diputados de Nuevas Ideas — eliminó los límites a la reelección, amplió el período presidencial de 5 a 6 años, y adelantó las elecciones a 2027. En un solo paquete legislativo. Sin debate real. Sin oposición efectiva.

Los politólogos especializados en regímenes híbridos llaman a esto "autocratización" — el proceso sistemático de desmantelar las instituciones democráticas desde adentro, usando la popularidad como legitimación y las mayorías legislativas como instrumento. No requiere tanques en las calles. Requiere control de los tribunales, de la fiscalía, y del relato. Es lo que Steven Levitsky y Lucan Way definieron como "autoritarismo competitivo": un régimen que mantiene elecciones reales pero con el campo de juego tan inclinado que la oposición no puede ganar.

La fábrica del líder — el manual que reconozco

Bukele comenzó su carrera política en el FMLN, el partido de izquierda heredero de la ex guerrilla. Fue expulsado en 2017. La razón no fue diferencia ideológica profunda — fue conflicto interno de poder. Su ideología nunca ha sido de izquierda ni de derecha. Ha sido siempre bukelismo puro: el culto a su propia persona.

En sus primeras campañas usaba sistemáticamente el vocabulario de la tradición cristiana evangélica — la mayoría religiosa del país. No desde una fe genuinamente demostrable, sino como código cultural de pertenencia. "Dios me llamó a servir." "Este pueblo merece un milagro." El mismo manual que Trump. El mismo que Bolsonaro. El mismo que han usado líderes de izquierda y derecha en toda la historia latinoamericana cuando necesitan legitimación emocional masiva.

Yo lo viví. Yo lo sentí. Como escribí en septiembre de 2024 en mi propio Facebook: "Resulta más cómodo creer que conocer." Eso es exactamente lo que el populismo explota: la tendencia humana a preferir la certeza cómoda de un líder carismático sobre el esfuerzo incómodo de entender la complejidad política.

Progresivamente, Bukele fue adoptando una estética distinta: trajes oscuros, poses estudiadas, la cadena de bitcoin, los lentes de lujo. La vestimenta de quien ya no aspira al poder — quien lo ejerce y lo exhibe. Esa transformación no es vanidad. Es comunicación política deliberada. El mensaje: ya no soy candidato, soy el que manda.

Los muertos y los presos que el gobierno no puede explicar

Aquí soy preciso. Separo lo documentado de lo hipotético — porque la honestidad intelectual es lo que distingue este análisis de la propaganda que critico.

El caso Alejandro Muyshondt

Alejandro Muyshondt era asesor de seguridad nacional de Bukele. Amigo personal desde la adolescencia. Uno de los hombres más cercanos al presidente.

A finales de julio de 2023 comenzó a denunciar públicamente, en su cuenta de X, supuestos actos de corrupción de funcionarios del gobierno, incluyendo vínculos de un diputado de Nuevas Ideas con el Cártel del Golfo. El 9 de agosto de 2023 fue detenido en un retén policial. Estuvo seis meses desaparecido — su familia no recibió información oficial sobre su paradero ni su estado de salud durante todo ese tiempo, lo que configura, según la ONU y Human Rights Watch, una desaparición forzada por parte del Estado.

Bajo custodia estatal, en 182 días, Muyshondt tuvo cuatro operaciones craneales, fue diagnosticado con cáncer, sufrió un accidente cerebrovascular, y murió el 7 de febrero de 2024 a los 46 años. Causa oficial preliminar: edema pulmonar — la misma causa registrada en decenas de personas que murieron bajo el régimen de excepción.

La madre, Patricia Álvarez, denunció que el cuerpo presentaba "nariz y omóplato quebrado y señales de asfixia". Un informe del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, publicado en octubre de 2024 a solicitud de Human Rights Watch, identificó graves deficiencias en la atención hospitalaria y en la investigación posterior, incluyendo ausencia de imágenes radiológicas que respaldaran los diagnósticos oficiales. La ONU pidió explicaciones formales al gobierno salvadoreño en septiembre de 2024. Cristosal presentó aviso penal por desaparición forzada, tortura y homicidio agravado en abril de 2025.

Lo documentado: un asesor cercanísimo de Bukele denunció corrupción interna, fue detenido, mantenido incomunicado seis meses, y murió bajo custodia estatal con evidencias forenses de tortura. Lo que es hipótesis: que fue asesinado deliberadamente. La evidencia es poderosa. Pero no existe investigación judicial independiente porque el sistema judicial lo controla el mismo gobierno.

COSAVI y el accidente de Arriaza Chicas

El 8 de septiembre de 2024, el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, murió en un accidente de helicóptero junto a dos subdirectores, tres militares, un comunicador gubernamental, y Manuel Alberto Coto Barrientos — el exgerente de COSAVI acusado de un desfalco de 35 millones de dólares, quien era trasladado desde Honduras para presentarse ante la justicia. Ninguna de las nueve personas sobrevivió.

La organización Acción Ciudadana documentó que COSAVI fue uno de los donantes más importantes del partido Nuevas Ideas en 2020. Los tres altos mandos policiales fallecidos tenían, según reportes previos, antecedentes de investigaciones por supuestos vínculos con narcotráfico.

El testigo principal de un desfalco vinculado al partido de gobierno murió en el mismo helicóptero que el director de policía. No hay investigación independiente posible. Lo que es hipótesis: que fue un asesinato encubierto. Posible. No demostrado. Pero la coincidencia operativa exige preguntas.

Ernesto Muyshondt

Ernesto Muyshondt — exalcalde de San Salvador, exaliado de Bukele — fue arrestado en julio de 2021. Desde la cárcel declaró públicamente: "Soy un preso político, soy un preso de la dictadura de Nayib Bukele." Denunció ser torturado: "Me han amarrado, me han golpeado, me han fotografiado semidesnudo mientras he estado amarrado a una cama." En octubre de 2023, un día antes de que expirara el plazo legal para liberarlo sin condena, fue trasladado a un hospital psiquiátrico sin razones públicas explicadas. Fue condenado en septiembre de 2025 a 18 años de prisión.

La lista de la vergüenza — funcionarios con expedientes internacionales

La siguiente información está en los registros oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es pública. No se puede borrar.

El Departamento de Estado ha acusado de corrupción o de socavar la democracia a más de una docena de funcionarios del gobierno de Bukele. Muchos figuran en la "Lista Engel" — el registro oficial de personas centroamericanas sancionadas por estas conductas. Otros figuran bajo sanciones de la Ley Magnitsky por facilitar pactos del gobierno con pandillas.

Carolina Recinos — Jefa de Gabinete. Acusada de "hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal" y de "participar en un importante plan de blanqueo de capitales". Cuatro de sus hermanos recibieron contratos y préstamos públicos durante su gestión.

Conan Castro — Secretario Jurídico. Acusado de "socavar procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General".

Osiris Luna Meza — Director de Centros Penales. Acusado de "corrupción significativa relacionada con contratos del gobierno y sobornos". También sancionado bajo la Ley Magnitsky como facilitador de la tregua del gobierno con las pandillas.

Rolando Castro — Ministro de Trabajo. Acusado por corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Rogelio Rivas — Exministro de Seguridad Pública. Acusado de "premiar a su propia constructora privada con contratos sin licitación para construir estaciones de policía".

Pablo Anliker — Exministro de Agricultura. Acusado de "malversar fondos públicos para beneficio personal". Durante su gestión, el ministerio ejecutó $265 millones en compras bajo investigación.

Ernesto Sanabria — Secretario de Prensa. Acusado de "presionar inapropiadamente a funcionarios de partidos opositores a renunciar bajo la amenaza de que serían acusados de delitos penales".

Christian Guevara — Jefe de fracción de Nuevas Ideas. Acusado de minar procesos democráticos por proponer una ley antipandillas que castiga con 15 años de prisión la simple publicación de mensajes relativos a pandillas — una forma de censura indirecta a la prensa.

Javier Argueta — Asesor Jurídico. Sancionado por socavar instituciones democráticas.

Alejandro Zelaya — Ministro de Hacienda. En la Lista Engel por corrupción.

Carlos Marroquín — Director de Tejido Social. Sancionado bajo Magnitsky como facilitador de la tregua con pandillas.

Guillermo Gallegos — Diputado aliado de Nuevas Ideas. En la Lista Engel. Antes de su muerte, Alejandro Muyshondt lo identificó ante investigadores estadounidenses como miembro del Cártel del Golfo.

Will Salgado — Alcalde de San Miguel. Acusado de "usar su posición oficial para participar en tráfico de drogas y lavado de dinero".

Sobre el propio Bukele. Su nombre ha aparecido en expedientes de la fiscalía salvadoreña previa a su captura institucional, en investigaciones de una comisión internacional auspiciada por la OEA, y en una fuerza de tarea estadounidense apoyada por los departamentos de Justicia y del Tesoro. Bukele recibió, según investigaciones documentadas por El Faro y revistas internacionales, al menos $1.9 millones de Alba Petróleos — filial salvadoreña de PDVSA venezolana — actualmente investigada por lavado de dinero.

Ninguno de estos funcionarios ha sido procesado por la justicia salvadoreña. Y la mayoría sigue en sus cargos.

Los excluidos — el costo silencioso

La educación militarizada

El 14 de agosto de 2025, Bukele nombró a Karla Trigueros, capitana del Ejército salvadoreño y médica, como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología. Es la primera militar a cargo de esa cartera en más de medio siglo. Trigueros no tiene formación pedagógica ni trayectoria en gestión educativa. Su currículum principal es haber coordinado la logística de vacunación durante la pandemia.

Su primera acción, el 18 de agosto, fue enviar un memorándum de "carácter obligatorio" sobre disciplina escolar: control estricto del uniforme, supervisión personal del corte de cabello por parte de directores, ingreso ordenado con saludo respetuoso. Diez días después emitió el "Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar", que establece sistema de deméritos por faltas como no decir "buenos días", "por favor" o "gracias". Lo siguió un programa de "lunes cívicos" obligatorios con izado de bandera, oraciones patrióticas y exposiciones sobre personajes "ilustres" seleccionados desde el ministerio.

Eso no es educación. Es formación militar aplicada a niños. El politólogo Daniel Zovatto lo nombra sin eufemismo: la presencia de militares en el Ministerio de Educación responde al propósito de "adoctrinamiento" destinado a "normalizar" el autoritarismo entre los más jóvenes. "Se cambiarán libros y manuales de texto para inculcar que estos son los valores que la sociedad salvadoreña necesita defender."

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA señala que el miedo también busca neutralizar al sindicato de maestros — una de las pocas fuerzas sociales con músculo propio. Ya hubo despidos tras manifestaciones pacíficas.

La confusión entre disciplina y adoctrinamiento no es accidental. Es el diseño. Un pueblo que aprende desde niño a obedecer sin preguntar es un pueblo más fácil de gobernar. Y lo más doloroso: los resultados académicos de El Salvador son inferiores a la media mundial, especialmente en matemáticas — las áreas críticas para la economía del siglo XXI que Bukele prometió llevar al país.

El sistema de salud que se desmorona

La Asamblea aprobó en 2024 una reforma a la Ley del Escalafón del Ministerio de Salud que establece un techo salarial de $3,000 mensuales para los trabajadores del sector. En un país donde un médico especialista financia personalmente años de formación adicional, ese techo convierte la especialización médica en un camino sin recompensa económica viable. Los mejores médicos emigran. El sistema público se queda con escasez de especialistas. El salvadoreño común pierde acceso a atención de calidad.

Enfermeras del sistema público se retiran hoy con pensiones de $240 mensuales. La secretaria general de Sitrasalud lo dice sin adornos: "¿Quién va a vivir en este país con $240? La gente quiere retirarse pero no puede cubrir sus necesidades básicas."

El presupuesto del Ministerio de Salud tuvo una disminución del 7.3% para 2025, mientras el presupuesto de Defensa Nacional aumentó. Más dinero para militares. Menos para médicos. La prioridad del régimen expresada en dólares.

Las pensiones — el robo silencioso

En diciembre de 2022, la Asamblea aprobó la "reforma de pensiones" que se basa en no pagar capital ni intereses a los trabajadores en los siguientes cuatro años, generando un "ahorro" para el Estado de aproximadamente $500 millones entre 2023 y 2026.

Traducido a lenguaje simple: el gobierno tomó el dinero de las pensiones que los trabajadores salvadoreños aportaron durante años de trabajo, y decidió unilateralmente que no se los va a pagar en las condiciones prometidas. No es una crisis inesperada. Es una decisión legislativa deliberada, aprobada con 54 de 60 diputados del partido oficial, sin debate ni oposición efectiva, vendida públicamente como "modernización".

El trabajador que aportó durante 30 años descubre que el sistema decidió usar ese dinero para otros fines. Las enfermeras se retiran con $240. Los médicos no pueden pensionarse porque la pensión no les permite sobrevivir. Eso es un desfalco. No a mano armada. A través de leyes.

Las encuestas del 94% — el circo estadístico

CID Gallup publicó en marzo de 2026 una encuesta que muestra al 94% de aprobación ciudadana a Bukele. Esa cifra merece escrutinio metodológico serio.

No digo que sea imposible que Bukele tenga aprobación alta — la tiene, genuinamente, especialmente entre sectores que vivieron directamente la transformación de seguridad. Lo que digo es que un 94% en cualquier país, en cualquier época, exige verificación cuidadosa: ¿cómo se hizo la muestra? ¿en qué contexto se hicieron las preguntas? ¿qué tan libre se siente un salvadoreño hoy de responder honestamente a una encuesta política, sabiendo que existe el régimen de excepción y que cualquier denuncia puede convertirse en detención?

Como cité antes a Marco Aurelio: "Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad." El 94% es una opinión producida bajo condiciones que no son neutras. Eso no quiere decir que sea falso. Quiere decir que requiere las preguntas que pocos están haciendo.

El pan y el circo — la estrategia más antigua del mundo

Lo que veo cuando hablo con mis paisanos — los diputados que llegan a las colonias con piñatas y refrescos — tiene 2,000 años de historia documentada.

El poeta romano Juvenal lo describió en el siglo I: "Panem et circenses" — pan y circo. La estrategia para mantener a la plebe contenta y políticamente pasiva. No resolución de problemas estructurales. No empleo. No educación de calidad. Solo el gesto visible que genera gratitud inmediata y lealtad electoral.

El gobierno anunció en enero de 2025 el pago total de los recibos de agua y electricidad para el 95% de los hogares salvadoreños. Ese gesto genera gratitud real en familias que nunca habían recibido nada del Estado. No critico a esas familias — critico a un sistema que las mantuvo ignoradas durante décadas y que ahora usa esa privación histórica como instrumento político.

La pregunta que el régimen no puede responder

Si el gobierno de Bukele es tan exitoso como dicen las encuestas, ¿por qué necesita controlar los tribunales? ¿Por qué encarcela a exaliados como Ernesto Muyshondt? ¿Por qué el asesor más cercano del presidente, Alejandro Muyshondt, muere bajo custodia estatal después de denunciar corrupción interna? ¿Por qué el testigo principal de un desfalco vinculado al partido muere en el mismo helicóptero que el director de policía? ¿Por qué más de una docena de sus funcionarios más cercanos están en la lista de corruptos del Departamento de Estado de EE.UU. y ninguno ha sido procesado en El Salvador? ¿Por qué pone una militar sin formación pedagógica al frente de la educación? ¿Por qué reduce el presupuesto de salud mientras aumenta el de defensa?

Los gobiernos seguros de su legitimidad no necesitan silenciar voces. No necesitan perseguir periodistas. No necesitan remover jueces independientes. No mantienen un régimen de excepción durante cuatro años consecutivos.

El 94% de aprobación convive con todo eso. Esa contradicción no es accidente. Es el diseño.

Conclusión — lo que la historia nos enseña

Los modelos históricos comparables — el Porfiriato mexicano, el "milagro" brasileño de los 70, el fujimorismo peruano — terminaron todos de la misma manera: cuando la deuda venció, cuando los proyectos visibles no se tradujeron en bienestar real para la mayoría, cuando la oposición encontró finalmente el espacio para organizarse. Y en cada caso, el costo del despertar fue mucho más alto del que hubiera sido si la sociedad hubiera mirado a tiempo.

El Salvador enfrenta en 2027 vencimientos de deuda superiores a $2,000 millones. La pobreza aumentó del 26.8% al 30.3% entre 2019 y 2023. El costo de vida subió aproximadamente 30%. El empleo formal no crece. El presupuesto de salud se recorta. La educación se militariza. Los médicos emigran. Los pensionados reciben $240 al mes. Las encuestas del 94% no van a pagar esas deudas.

Escribo esto no para destruir esperanzas sino para honrarlas. El salvadoreño merece algo mejor que pan y circo. Merece instituciones que lo protejan en lugar de perseguirlo. Merece líderes que rindan cuentas. Merece la libertad real — no solo la de caminar sin miedo a una pandilla, sino la de pensar, opinar y construir sin miedo al Estado.

Esa es la libertad por la que vale la pena luchar. Y esa lucha empieza por llamar las cosas por su nombre.

En diciembre de 2023 escribí en mi Facebook: "Es la época de pensar por uno mismo." Sigue siendo cierto. Y pensar por uno mismo hoy, en El Salvador, significa hacerse las preguntas que el gobierno no quiere que se hagan.

Vivir no más de 110 años me parece tiempo suficiente para decir la verdad.

Elias Velis Rodriguez es salvadoreño, vive en Omaha, Nebraska. Votó en las elecciones de 2024 desde el exterior, creyó en el cambio, y hoy prefiere la incomodidad de la honestidad a la comodidad de la ilusión. velisconsulting@gmail.com